Inmigración y crisis económica en España: Gracias por todo, pero váyanse - LIBARDO JOSÉ ARIZA

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Durante los años de la bonanza económica, se presentó un discurso común para justificar la presencia de la población inmigrante dentro del cuerpo de la nación española. Tanto el gobierno socialista, como las organizaciones no gubernamentales y las principales figuras de los foros académicos especializados, apelaban a una estrategia casi única para prevenir una reacción ciudadana desmedida en contra de esa alteridad encarnada por el inmigrante y, al mismo tiempo, para demostrar el valor de esta población. La inmigración, se decía, es un componente fundamental de la economía española; gracias a esos abnegados trabajadores inmigrantes que ocupan los puestos de trabajo despreciados por la mano de obra local es posible que la vendimia siga funcionando; son los inmigrantes los que cuidan de los ancianos y se ocupan de las labores domésticas; son los inmigrantes los que hacen funcionar el sector hostelero, aunque no sirvan los cortados ni las copas con la precisión y elegancia que nostálgicamente extrañaba el dirigente del Partido Popular Arias Cañete.

Pero lo más importante, se aseguraba que los inmigrantes estaban haciendo rejuvenecer la población, reproduciendo una aletargada demografía local, cotizando a la seguridad social y asegurando el pago futuro de las pensiones. En pocas palabras, la inmigración es buena porque es económicamente útil. El inmigrante es bueno porque trabaja. Eso explica en parte ese relativo consenso en torno a la necesidad de gestionar y regular la inmigración y los flujos de personas desde el punto de vista del mercado de trabajo. Consenso alrededor de encontrar la ratio entre puestos de trabajo y dimensión del contingente extranjero; consenso en que el flujo debe ser gestionado para que no se torne en oleada; consenso, en fin, en que vengan, pero a trabajar.

Las cifras demográficas y económicas avalaban este discurso. Según los datos oficiales los inmigrantes han aportado unos 8.000 millones de euros anuales a la Seguridad Social, cifra que supone el superávit esperado del sistema español para el año 2008. Entre 1994 y 2006 la población de la Unión Europea creció en 19 millones de personas, de las cuales 15 millones eran inmigrantes. España es un país en donde esta tendencia es especialmente importante pues la inmigración es diez veces mayor que el crecimiento natural del país. Se calcula que en España, sin inmigración, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita habría caído un 0,6% entre los años 1995 y 2005, mientras que gracias a los inmigrantes ha aumentado en cerca del 2,6%.

Con la fuerte crisis económica que en estos momentos atraviesa España este discurso pierde su asidero y fortaleza social. De acuerdo con los últimos datos, durante el primer semestre de este año 318.100 personas más se encuentran desempleadas. El aumento de la inflación, el descenso del consumo y el aumento del déficit del Estado que alcanzó los 4.683 millones de euros, son algunas de sus principales manifestaciones. La profunda recesión de la economía española ha sido generada, en gran parte, por el estancamiento de la construcción y el sector inmobiliario. Mientras que en el año 2007 64.600 ciudadanos españoles perdieron su puesto de trabajo, los extranjeros en situación de desempleo aumentaron en 52.300 (14,7%). La tasa de paro de los españoles se situó en el 7,95%, cuatro puntos y medio menos que la de los extranjeros (12,37%). Esta tendencia se afirma claramente pues en el mes de junio se presentaron 36.492 nuevos desempleados, de los cuales el 21% es de origen extranjero. La pérdida de puestos de trabajo también se manifiesta en una disminución de las remesas. Durante el primer trimestre de este año disminuyeron en 51 millones de euros.

Esta situación empieza a surtir efectos en la opinión ciudadana frente al inmigrante. En un sondeo realizado en el pasado mes de junio la inmigración se ubica como la tercera preocupación de los españoles, incluso más que el terrorismo que se desplaza al quinto lugar. Vale la pena señalar que esto se refiere a los extranjeros no comunitarios pues cerca del 40% de los extranjeros que viven en España son ciudadanos de un país miembro de la Unión Europea. Cuando se habla de inmigración en el lenguaje común, por lo tanto, se hace referencia a aquellas personas que provienen de ese ocre y amplio lugar denominado como Tercer Mundo.

Las representaciones del inmigrante desempleado, del extranjero delincuente, así como las acusaciones en torno a que los inmigrantes colapsan los servicios de urgencia y monopolizan las ayudas sociales, empiezan a aparecer con más fuerza en los discursos de los partidos de derecha, en los nacionalismos, en algunos medios de comunicación y en la propia ciudadanía. Las muertes de personas provenientes de África que intentan llegar a España se han hecho tristemente cotidianas, ya no estremece saber que el año pasado 921 personas desaparecieron tratando de llegar a las Islas Canarias o cruzando el estrecho. No pasa nada. La criminalización del inmigrante se convierte en una estrategia cotidiana y aceptada. En el caso español, para marzo de 2007 se encontraban 65.093 personas presas, de las cuales 21.140 son extranjeras (19.252 hombres y 1.888 mujeres). De este modo, mientras que los extranjeros suponen el 6,2% de la población española en términos generales, dentro de las prisiones representan cerca del 30% de la población reclusa.

En pocas palabras, el mensaje que se está enviando ante la crisis económica es “muchas gracias por todo, pero váyanse”, se acabó la fiesta. España no quiere más inmigrantes. Con la pérdida del valor del inmigrante como recurso económico, se le invita al abandono voluntario o a la expulsión. En este sentido habría que interpretar las medidas adoptadas recientemente, desde las propuestas en torno a la limitación del empadronamiento para los inmigrantes en situación irregular, pasando por las restricciones a la reagrupación familiar, hasta llegar al martirio cotidiano que supone hacer una fila durante días para solicitar o renovar un visado. Pero estas no son las únicas manifestaciones del cerramiento de fronteras de la Europa Fortaleza. La infame Directiva de Retorno que regula la expulsión y la salida voluntaria, que permite la expulsión de menores no acompañados, que extiende la retención hasta los 18 meses y que establece que la persona expulsada no podrá ingresar nuevamente en un término de 5 años, es un ejemplo diciente por su descarada claridad. Pero lo es también el más sutil Plan de Retorno Voluntario para Residentes en Paro presentado por Rodríguez Zapatero que invita al inmigrante desempleado a volver a su país, recibiendo la totalidad de la prestación de desempleo en dos pagos con el compromiso de no volver a España en un plazo mínimo de tres años. Por las buenas o por las malas, muchas gracias, pero váyanse.


FUENTE: Revista Migrante Nº 1 Septiembre 2008
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