Ser refugiado en la Unión Europea

.
Dos refugiados iraquíes, idénticos en edad, sexo y estatus social, que se dirigen a Europa tienen un 99% de posibilidades de que sus situaciones sean opuestas en el caso de que tomen destinos diferentes. Mientras uno podría gozar de plenos derechos en calidad de demandante de asilo, el otro podría correr el peligro de no ser reconocido como tal, además de ser detenido por irregularidad administrativa e incluso expulsado.

Las normas son claras: el país responsable de la solicitud de asilo será aquel por el que la persona entró y donde presentó su petición. Así lo establece el Reglamento de Dublín, adoptado en 2003.

A pesar de que el texto se fundamente en la idea de que todos los Estados europeos son democráticos y seguros y que, por lo tanto, en cualquiera de ellos, los refugiados tendrán las mismas oportunidades, el desajuste entre las legislaciones nacionales en materia de asilo muestra las carencias del sistema.

Los hechos no dejan lugar a dudas: mientras en Alemania la probabilidad de obtener el reconocimiento y la asistencia pertinente a un iraquí que huye de su país es del 77%, en Grecia es prácticamente del 0%. Así lo afirma el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE, en sus siglas en inglés).

Esta red europea, compuesta por 65 organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de los refugiados, critica la falta de armonización jurídica. Su directora de comunicación, Ana Fontal, de origen gallego, afirma que “existe un consenso por parte de los Estados miembros sobre el hecho de que el sistema actual no termina de funcionar”, y de la necesidad de dar un impulso al Sistema Común Europeo de Asilo. No obstante, son principalmente los gobiernos nacionales los que bloquean el avance en las negociaciones porque “prefieren gestionar este asunto a nivel doméstico”, asegura esta periodista especializada en cuestiones de asilo. Éste sería el caso de Francia y otros países del Mediterráneo, donde los flujos migratorios son más fuertes.

De los 27 socios que componen la Unión Europea (UE), Grecia es el más criticado por su mala gestión del paquete asilo. Numerosas deficiencias derivan de los procedimientos administrativos: el derecho a una entrevista personalizada, a un intérprete o a recibir asistencia jurídica, brillan por su ausencia.

Además de ello, la administración de Yorgos Papandreu ha recibido críticas por la violación de los derechos de los demandantes de asilo. En un informe publicado el pasado mes de julio, Amnistía Internacional denunciaba las detenciones sistemáticas de refugiados llevadas a cabo por Atenas en 2009, además del tratamiento prestado a los menores no acompañados, lo que iría en contra de los derechos de los refugiados, recogidos en los tratados internacionales – el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados -,de los que Grecia es signataria.

A pesar de las expectativas ante posibles sanciones, la Comisión Europea ha preferido no interponer ningún proceso sancionador al gobierno de Papandreu al considerar su situación financiera actual.

Antonio Masip Hidalgo, eurodiputado español del Grupo político Socialista, afirma en su blog personal que “el derecho a no ser detenido arbitrariamente es un derecho humano fundamental reconocido en el artículo 5 de la Convención Europea de los Derechos Humanos”, algo que en Grecia, así como en otros estados miembros, no se ha respetado. Masip, que aun mantiene un escaño en la Eurocámara, fue el principal ponente de la carpeta asilo del Parlamento Europeo durante la legislatura entre 2004 y 2009.

Frente a ello se encuentra Bélgica, uno de los socios europeos que mejor responde a estas demandas políticas, junto con los países escandinavos. De hecho, Bruselas ha anunciado recientemente que cesará la transferencia a Grecia de aquellos refugiados cuyas demandas de asilo se presentaron inicialmente en Atenas, a pesar de que esta última ostente la responsabilidad de dichas solicitudes.

Sotieta Ngo, miembro de la ONG belga Coordinación e Iniciativas para Refugiados y Extranjeros (CIRE) se muestra crítica ante el Reglamento de Dublín y considera que un refugiado debería poder escoger el país de destino: “No afirmo que los demandantes de asilo puedan dirigirse a determinados países como si fueran de compras, pero sí que se les de un margen de decisión”. Esta jurista, de origen bruselense, explica que el actual reglamento supone, en la mayoría de los casos, un obstáculo para la unidad familiar: “¿Por qué una persona no podría escoger como destino el país en el que se encuentra su hermano?”

Ngo, que trabaja como experta en cuestiones jurídicas para CIRE y se ha mostrado contraria a las iniciativas comunitarias en más de una ocasión, apoya la creación de una Política comunitaria de Asilo “común, humana y de calidad” en el marco de un Sistema Común Europeo de Asilo.

La política de asilo es una de las principales asignaturas pendientes de la Unión Europea. Hasta el presente, se han ido sucediendo una serie de reglamentos y directivas que establecen unos requerimientos mínimos, como la definición del estatus de refugiado, la determinación del territorio responsable de una demanda de asilo o el modo en el que el refugiado debería ser acogido por las autoridades nacionales – alojamiento, atención sanitaria o derecho al trabajo.

Precisamente esta disposición de mínimos es la que permite a Gobiernos de tendencia neoliberal emprender medidas restrictivas en materia de inmigración y asilo. Este es el caso de Países Bajos, cuyo gobierno, formado por una mayoría de extrema derecha, anunció que iba a reducir la entrada de inmigrantes y refugiados.

Ana Fontal pone el acento en esta situación: “Existe una tendencia a cerrar cada vez más las fronteras y a hacer que cada vez sean menos las personas que entran”, y reconoce que Europa se encuentra inmersa en una ola de xenofobia. Sin embargo, asegura que no cree “que sea imposible salir de ella”.

La actitud de los Gobiernos nacionales no es la única que incita a críticas. El reciente tratado de cooperación, firmado entre la Comisión Europea, vía sus titulares de Asuntos de Interior y Política de Vecindad, y Libia, ha hecho sonar la voz de alarma entre las organizaciones no gubernamentales.


Un kosovar e la frontera con Albania tras huir de la represión del ejército serbio. Morini, Mayo, 4 de 1999. (Santiago Lyon / AP Photo)
A pesar de que los objetivos oficiales de dicho acuerdo consistan, entre otros, en “la gestión de los flujos migratorios, protección internacional para los refugiados y los solicitantes de asilo”, el texto es considerado como un nuevo obstáculo para los refugiados. Y es que, mediante su firma, el Ejecutivo comunitario ha accedido a conceder al Gobierno del general Muamar al Gadafi hasta 50 millones de euros anuales entre 2011 y 2013 para controlar las fronteras al sur del país y, por lo tanto, controlar el pasaje de demandantes de asilo africanos que se dirigen a Europa.

A este respecto, Sotieta Ngo acusa a los socios comunitarios de esconderse detrás de la Comisaria de Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, una de las signatarias del acuerdo. Según afirma esta especialista en asuntos europeos: “Los Estados europeos han firmado el Convenio de Ginebra”, que establece los parámetros del derecho internacional en materia de asilo, “y tienen que afrontar sus deberes. La UE envía el mensaje de que no quiere inmigrantes”.

Cómo puede la UE entablar acuerdos relativos a los derechos humanos con un Gobierno que se ha negado a firmar el Convenio de Ginebra y que expulsó de su territorio al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es lo que se preguntan muchos.

Miguel Portas, eurodiputado portugués y miembro del Grupo político Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica puso en tela de juicio esta iniciativa el pasado 13 de octubre mediante el envío de una pregunta escrita a la Comisión: “¿No cree la Comisión que la negativa de Libia a firmar el Convenio internacional de Ginebra relativo al estatuto de los refugiados supone un obstáculo a todo posible acuerdo que verse sobre los derechos de los solicitantes de asilo?, ¿Cuál es la verdadera solución a largo plazo que prevé la Comisión para que la protección de los solicitantes de asilo en nuestras fronteras sea digna de la tradición europea?”.
No es la primera vez que la UE se convierte en el blanco de las críticas en materia de inmigración y asilo. En julio de 2008, centenares de asociaciones y ONGs acudieron a manifestarse frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, cuando se aprobó la famosa Directiva de Retorno, según la cual se concedía a los socios europeos la posibilidad de expulsar a aquellos inmigrantes en situación ilegal y evitar su retorno por un periodo de cinco años.

Mientras las negociaciones a nivel comunitario sigan bloqueadas y los Estados restrinjan sus políticas de asilo, al igual que las fronteras de entrada en el continente, el futuro de los refugiados se verá cada vez más incierto.


FUENTE: Georgina Mombo, 27 de octubre de 2010, Periodismo humano (AQUÍ)
.