
Los alcaldes de El Vendrell, Benet Jané, (CiU) y Calafell, Jordi Sánchez (PSC), pertenecen a partidos de enfrentado color político y con posturas distintas sobre la inmigración. Aun así, ambos se han rebelado para dejar de perseguir a estos vendedores ambulantes y, en su lugar, han regularizado esta actividad. Al hacerlo, han puesto sobre la mesa un enredo social de enorme complejidad: los inmigrantes que subsisten del top manta, en su mayoría extranjeros en situación irregular que mercadean con productos falsificados, son ya una marea en España.
Los dos Ayuntamientos han optado por una vía rápida que fuentes jurídicas consultadas califican de ilegal. El Vendrell emprendió hace meses la negociación con los vendedores después de acordarlo en una junta de gobierno, según fuentes municipales. El Consistorio no quería que se repitieran los incidentes registrados el pasado verano, cuando decenas de manteros se enfrentaron a pedradas con los agentes en reiteradas ocasiones. Esos episodios contaron incluso con la participación de los turistas, que llegaron a increpar a los policías por el continuo acoso a los inmigrantes.
El Consistorio diseñó una legalización que pasaba por que los manteros se agruparan en una asociación. A través de esta entidad, los propios inmigrantes deben controlar que la venta ambulante se restringe a las zonas pactadas, formalizar los pagos una vez se concrete la tasa municipal por ocupar la vía pública y garantizar que no ofrecen películas grabadas ilegalmente para respetar la Ley de Propiedad Intelectual. El acuerdo tolera, sin embargo, vender productos falsificados como bolsos, ropa y gafas de sol.
En Calafell, en cambio, la presión de los manteros arrastró a un Consistorio desbordado que no había planificado ningún proceso de regularización esta semana. "Imitamos la idea de El Vendrell porque nos pareció buena", explica sin complejos Jordi Sánchez. La Policía Local se reunió con los portavoces de los manteros y se les notificó el acuerdo, que aceptaron. "Si funciona, estudiaremos cómo formalizar la legalidad de esta medida. De momento, los resultados son excelentes", asegura Sánchez. El acuerdo de Calafell no prevé restricciones en los productos que se pueden vender y en la zona designada hay incluso películas pirateadas. "No sé si es legal pero es de sentido común", agrega Sánchez.
Según fuentes judiciales consultadas, la ilegalidad en este caso es doble: primero, por constituir un delito contra la propiedad intelectual y, segundo, porque con el decreto que regula la venta ambulante en la mano, los manteros no podrían obtener la autorización municipal. La norma fija que el Ayuntamiento debe abrir un proceso para autorizar la venta ambulante y, en cualquier caso, el beneficiario deberá acreditar que está al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y que tiene los papeles en regla.
FERRAN BALSELLS / LLUÍS PELLICER, "Manteros", entre la tregua y el acoso, El País, 13 de agosto de 2010. Todo el artículo AQUÍ
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario